Documentos para el debate (Javier Touza)
- Intervención del estado en el Desarrollo Rural
El desorden planificado
“El desorden es el mejor servidor del orden establecido... Toda destrucción confusa debilita a los débiles, enriquece a los ricos, aumenta el poder de los poderosos.”
Jean-Paul Sastre
DESARROLLO RURAL. NUEVOS ENFOQUES Y TEMAS CLAVES A
CONSIDERAR. (Fragmentos)
Ing. Agr. Carlos Carballo González (1)
Desde principios de los 90, proponen otra metodología para enfrentar los tradicionales problemas de pobreza rural, y las consecuencias “indeseadas” de las políticas macroeconómicas en los sectores de la sociedad con menos recursos: los programas “focalizados”, dirigidos a población previamente definida, organizados en proyectos de carácter grupal y alcance micro. Esta estrategia no solo se demostró insuficiente, sino que señaló la necesidad de otro tipo de políticas, que como ya se ha afirmado, son difíciles de impulsar sin la referencia de un claro paradigma de desarrollo.
…
La población objetivo de estos Programas (Cambio Rural, PSA, Prodernoa, Proineder, INTA, etc,), con excepción del PROHUERTA, no alcanza sólo a los pobres rurales, ya que en general está acotada a un subconjunto vinculado a la producción agropecuaria: pequeños productores minifundistas, hogares rurales-agrarios pobres, explotaciones con menos de 25 has de superficie total, etc...
La justificación, objetivos y estrategia de estas acciones difieren en algunos componentes o aspectos operativos, pero –no casualmente por cierto- poseen numerosas similitudes; sin embargo el grado de autonomía, superposición o incluso “competencia” permite decir que “no constituyen en conjunto una política de Estado, porque no existe una unidad que los integre, ya que no son resultado de una estrategia de desarrollo rural en el marco de un determinado modelo de desarrollo, elaborado desde una única unidad central, que coordine las acciones particulares de cada programa y que paute su organización institucional, administrativa, territorial y sus respectivas prestaciones”.
a) la cobertura social y geográfica que se manifiesta en vacíos y superposiciones en la atención de la población beneficiaria; los vacíos, son tanto territoriales como de “focalización”; ya que sólo se atiende a parte de la población rural pobre y, aún dentro de ésta, se reconocen tipos de actores para los que es mínima la oferta institucional.
Paralelamente pueden observarse áreas con una notable “densidad” de programas. Esta limitación impide conocer cuánta es la población efectivamente incluida en el conjunto de los programas de lo que la SAGPyA comienza a denominar de DR. Bien podría estimarse que menos del 15 % de la población rural pobre ha sido alcanzada en alguna medida (Carballo G., 2001)
b) el acceso a los distintos servicios que ofrecen los programas -asistencia técnica, financiamiento, capacitación y otros- no es uniforme. Cada uno definió su “oferta” en función de objetivos y prioridades que en muchos casos siguieron las pautas del organismo. No se tomó en consideración una tipología de beneficiarios y, como tal, tampoco se definieron los servicios o instrumento adecuados a cada una de ellas. En el acceso a los “paquetes” cada programa privilegió la capacidad de demanda de los beneficiarios, un factor que se define no sólo por la necesidad que deviene de sus recursos y condiciones, sino también por otros menos tangibles y relacionados con su capital social.
La asistencia –en el caso del INTA sólo asistencia técnica y capacitación- se otorga a grupos con escasa vinculación entre sí, ya que no existe una estrategia que privilegie el impacto amplio sobre el territorio y la comunidad. El trabajo con pequeños grupos, sumando a la dispersión geográfica, la variedad de actividades, los montos limitados y discontinuos de recursos económicos, los diversos objetivos de los responsables provinciales, los condicionantes políticos de las autoridades provinciales y locales, etc. hacen que los programas tengan poca incidencia en las producciones en las que los PP tienen presencia significativa en el mercado. Es más, salvo muy contadas excepciones, su participación absoluta y relativa en sus respectivas ramas ha disminuido, como consecuencia de las políticas macro y sectoriales aplicadas a partir de los 90.
En síntesis: hay insuficiencia de cobertura sectorial y territorial, discontinuidad y dispersión de esfuerzos; se presta insuficiente atención a los problemas de mercado - a pesar de lo que las producciones con ese destino siguen siendo parte del paradigma “productivista” existente en muchos de ellos-; no se fomenta la organización de los agricultores, ni su autonomía para la toma de decisiones, etc. Sin embargo estas limitaciones no alcanzan a explicar los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda en el 2001, el Nacional Agropecuario, 2002, y diversos estudios sectoriales.
La drástica caída en el número de los PP familiares y de los familiares capitalizados, el empobrecimiento generalizado de quienes permanecieron, y las transformaciones en el mercado de trabajo rural no hubieran podido alterarse sólo con más y mejores “programas”. Es otro el problema y por lo tanto, otra la solución.
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(1) Avance de investigación correspondiente al Proyecto UBACYT 2004-2007 “Tecnología e institucionalidad para la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable de los productores familiares”. Director Ing. Agr. Carballo González
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